Trabajas desde casa, abres una plataforma y empiezas a corregir las respuestas de una inteligencia artificial. Parece un empleo bastante normal para 2026: lees textos, comparas resultados y cobras por tarea. Lo que quizá no esperas es que, mientras trabajas, hasta 19 rastreadores puedan estar recopilando información sobre tu actividad.
Ese es uno de los señalamientos que han llevado a la organización europea de privacidad noyb a presentar cinco reclamaciones contra Scale AI, propietaria de Outlier. Las denuncias, registradas el 27 de octubre en cuatro países de la Unión Europea, cuestionan el seguimiento digital, las verificaciones faciales y la respuesta a las solicitudes de datos de los trabajadores. La empresa rechaza las acusaciones.
La historia merece un sitio en Sal de la Matrix por una razón sencilla: hablamos mucho de lo que la IA puede hacer por nosotros y bastante menos de las personas que trabajan para mejorarla. Algunas pasan el día evaluando respuestas automáticas. La pregunta es quién evalúa las condiciones en las que ellas trabajan.
Qué ha pasado con Outlier y por qué interviene Europa
El 27 de octubre, noyb anunció cinco reclamaciones formales ante autoridades de Francia, Italia, Países Bajos y Austria. La organización colaboró con investigadores de DiPLab y otros colectivos para analizar cómo funciona Outlier, una plataforma de tareas utilizada para producir y revisar datos destinados al entrenamiento de inteligencia artificial.
La cifra de trabajadores que menciona noyb supera los 900.000 colaboradores autónomos en la plataforma. Eso no significa que haya 900.000 víctimas acreditadas de un tratamiento ilícito ni que todas residan en Europa. Las reclamaciones se refieren a casos concretos, y las autoridades deberán decidir qué prácticas cumplen la legislación.
Scale AI es una empresa estadounidense que presta servicios a grandes compañías tecnológicas y también a organismos públicos. Entre sus clientes conocidos figuran Meta, Google y OpenAI. Reuters informa de que Meta posee el 49 % de Scale AI. Conviene separar responsabilidades: ser cliente o accionista no demuestra que una compañía haya ordenado los tratamientos de datos denunciados.
Hasta 19 rastreadores mientras haces tu trabajo
La investigación técnica citada por noyb identificó tecnologías de seguimiento asociadas a TikTok, LinkedIn, Facebook, Sprig y Datadog. Según la organización, mientras los colaboradores utilizaban Outlier, algunos sistemas enviaban información a terceros cada pocos segundos. Entre los datos señalados figuran direcciones IP, identificadores, información de contacto y páginas visitadas.
Reuters añade que las reclamaciones describen registros de pulsaciones y movimientos del ratón. Los investigadores sostienen que determinados archivos permitían reconstruir una sesión de trabajo como si se reprodujera un vídeo. La existencia y el alcance de ese seguimiento son parte de la controversia; no hay todavía una resolución de un regulador que confirme todas las alegaciones.
¿Por qué querría Facebook saber qué tarea estás haciendo?
La pregunta parece absurda hasta que recuerdas cómo funciona la publicidad digital. Un rastreador puede ayudar a medir visitas, atribuir campañas o analizar el uso de una web. Pero cuando aparece dentro de una plataforma de trabajo, también surge la duda de si está recogiendo más información de la necesaria y quién puede utilizarla después.
En nuestro artículo sobre la infraestructura publicitaria utilizada en la operación AdFection explicamos cómo datos aparentemente corrientes pueden circular entre intermediarios. Aquí el contexto es distinto: no se denuncia una operación de espionaje comercial como aquella, sino el posible seguimiento desproporcionado de personas mientras trabajan.
Hay que evitar otro salto injustificado. Que aparezca un rastreador vinculado a una red social no demuestra que esa empresa esté leyendo cada respuesta escrita por un colaborador. Lo que corresponde aclarar es qué información se transmite realmente, para qué finalidad, con qué base jurídica y durante cuánto tiempo se conserva.
Tu cara y tu DNI para poder cobrar
Las reclamaciones también cuestionan la verificación de identidad mediante Persona, un proveedor externo. Según noyb, los trabajadores deben presentar documentos de identidad y grabaciones de su rostro, en ocasiones de manera repetida. La organización considera excesivo ese tratamiento y pide que se examine su necesidad y su fundamento legal.
Scale AI ofrece otra explicación. Afirma que las comprobaciones sirven para prevenir suplantaciones, proteger proyectos confidenciales y garantizar pagos correctos. Identificar a quien realiza un trabajo puede ser legítimo; el debate es si cada dato solicitado resulta necesario y si existen garantías suficientes, especialmente cuando intervienen características biométricas.
El problema de compartir datos con proveedores externos ya apareció en nuestro análisis sobre ZyMix y las empresas que operan detrás de una aplicación. La pantalla muestra una sola marca, pero la información puede pasar por varias organizaciones. Eso no implica automáticamente una infracción; exige transparencia y responsabilidades claras.
Scale AI responde: las acusaciones son infundadas
El 28 de octubre llegó la réplica de la compañía. Según la información de Reuters, Scale AI calificó las acusaciones de inexactas y aseguró que sus prácticas se comunican a los colaboradores, quienes prestan su consentimiento. La empresa defiende sus sistemas de seguridad, verificación de identidad y control de pagos.
Un portavoz explicó que determinados proyectos utilizan una herramienta separada para registrar tiempo y actividad de pantalla, pero sostuvo que los trabajadores deciden activarla manualmente antes de empezar. También afirmó que Scale AI no vende los datos personales de sus colaboradores a terceros ni los utiliza para entrenar los modelos de sus clientes.
Las dos versiones deben leerse completas. Una denuncia no equivale a una sanción, y afirmar que existe consentimiento tampoco resuelve por sí solo su validez. Los reguladores tendrán que comprobar cómo se presentan las opciones, si existe una alternativa real y qué información recibe cada proveedor tecnológico.
La mano de obra que hay detrás de los chatbots
Cuando una IA responde mejor a una pregunta difícil, detrás puede haber personas que han comparado versiones, corregido errores y puntuado resultados. El trabajo de anotación incluye redactar instrucciones, clasificar respuestas y aportar conocimientos especializados. No todo lo aprende una máquina de manera autónoma, aunque el marketing a veces consiga que lo parezca.
Outlier organiza esas tareas a través de una plataforma. Los investigadores de DiPLab cuestionan que la disponibilidad de trabajo dependa de decisiones del sistema que los colaboradores no controlan. También describen incentivos y bonificaciones para completar determinadas cantidades de tareas en periodos breves. Son hallazgos de investigación, no una conclusión judicial sobre la relación laboral de todos los usuarios.
¿Autónomos con libertad o trabajadores dirigidos por un algoritmo?
Esta discusión conecta con un problema europeo anterior a la moda de los chatbots: las plataformas que organizan el trabajo de miles de personas mediante programas informáticos. El Consejo de la Unión Europea explica que la normativa sobre trabajo en plataformas busca mejorar la transparencia de los sistemas automatizados y facilitar la correcta clasificación laboral.
Eso no significa que todas las personas de Outlier deban ser consideradas asalariadas. Su situación depende de las circunstancias y del derecho aplicable. Pero la etiqueta «freelance» tampoco debería impedir preguntar quién fija las reglas, quién asigna las tareas y cómo se revisa una decisión automática que deja a alguien sin ingresos.
Cuatro trabajadores pidieron sus datos y, según la denuncia, no recibieron respuesta
Las reclamaciones incluyen otra acusación más fácil de entender. Cuatro colaboradores solicitaron acceso a su información personal entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. Según noyb, ninguno obtuvo respuesta. Si se confirma, ese silencio podría plantear problemas respecto al derecho de acceso reconocido por el Reglamento General de Protección de Datos.
En España, la Agencia Española de Protección de Datos explica que puedes preguntar qué datos trata una organización, para qué los utiliza y con quién los comparte. Por regla general, debe responder en un mes, aunque el plazo puede ampliarse dos meses más en supuestos justificados y comunicados.
Si trabajas mediante una plataforma y te preocupa el seguimiento, guarda la política de privacidad vigente, los avisos de consentimiento y las comunicaciones recibidas. La política de privacidad de Outlier facilita el correo privacy@outlier.ai para consultas. Si no recibes una respuesta adecuada, puedes consultar cómo presentar una reclamación ante la AEPD, cuando sea la autoridad competente.
Por qué esta historia también importa en España
Las reclamaciones no se han presentado en España y no prueban que todos los colaboradores españoles de Outlier hayan sufrido las mismas prácticas. Sin embargo, el RGPD protege a las personas cuyos datos se tratan dentro de su ámbito de aplicación, también cuando trabajan para empresas extranjeras. La ubicación de la sede social no convierte Internet en una zona sin reglas.
En nuestra historia sobre Google y los controles de privacidad vimos cómo una configuración aparentemente sencilla podía esconder tratamientos distintos. Aquí la cuestión es todavía más delicada: quien necesita completar tareas para cobrar puede sentir que rechazar un permiso supone quedarse sin trabajo.
El caso de Outlier sigue abierto. Noyb pide investigaciones y posibles multas; Scale AI niega haber actuado ilegalmente. Mientras los reguladores examinan documentos y registros técnicos, la industria seguirá anunciando modelos cada vez más autónomos. Resulta curioso que la inteligencia artificial prometa liberarnos del trabajo mientras todavía discutimos quién vigila a las personas que trabajan para enseñarle.
