Le pides a una inteligencia artificial que te prepare un correo, buscas una serie o guardas fotos en la nube. Todo parece ocurrir dentro de una pantalla. Pero en algún lugar hay edificios llenos de ordenadores trabajando, consumiendo electricidad y expulsando calor. El crecimiento de esos centros de datos ya está abriendo un debate sobre agua, energía y territorio en España.
Un reportaje publicado por EL PAÍS el 25 de octubre de 2026 vuelve a poner cifras a esa expansión. La patronal del sector calcula que España podría movilizar 66.900 millones de euros en inversiones directas e indirectas hasta 2030. Al mismo tiempo, el Gobierno prepara reglas sobre consumo eléctrico, eficiencia hídrica y control de la infraestructura.
En Sal de la Matrix nos interesa lo que ocurre detrás de las aplicaciones. Esta vez la pregunta es bastante física: si la IA necesita más agua y electricidad, ¿quién decide dónde se instalan sus fábricas digitales y con qué recursos funcionan?
España quiere convertirse en un gran destino para los centros de datos
Los centros de datos alojan servidores que permiten funcionar a webs, servicios en la nube, empresas y modelos de inteligencia artificial. No todos se dedican a entrenar IA. También almacenan información, procesan pagos y sostienen tareas que llevamos años haciendo en Internet. La expansión de la IA añade demanda a una infraestructura que ya existía.
Según el informe publicado en marzo por SpainDC, la potencia informática instalada en los centros comerciales españoles alcanzó los 439 megavatios al cierre de 2025, un 24 % más que un año antes. En su escenario tendencial, podría llegar a 2.537 megavatios en 2030. Son previsiones del sector, no instalaciones ya construidas ni inversiones garantizadas.
Madrid y Aragón están en el centro del mapa
Madrid concentra una parte importante de la infraestructura existente, mientras Aragón atrae grandes proyectos por su disponibilidad de suelo, conexiones y acceso potencial a energía. Para un municipio, una inversión de este tipo puede significar obras, actividad económica y empleo especializado. También supone negociar conexiones eléctricas, permisos y uso de recursos locales.
SpainDC prevé más de 16.000 empleos en 2030, incluidos los indirectos. Pero cada proyecto debería aclarar cuántos puestos permanentes creará realmente, más allá de los empleos temporales de construcción.
¿Cuánta electricidad necesita la inteligencia artificial?
La Agencia Internacional de la Energía calcula que los centros de datos consumieron unos 485 teravatios hora de electricidad en el mundo durante 2025. Su escenario central eleva esa cifra a unos 950 en 2030. El consumo de los centros especializados en IA crecería todavía más deprisa. Son estimaciones mundiales y no deben confundirse con el gasto eléctrico español.
La demanda no depende únicamente de cuántas personas escriban preguntas a un chatbot. Influyen el entrenamiento de modelos, la generación de vídeo, las tareas automáticas, el almacenamiento y los sistemas de refrigeración. La eficiencia mejora, pero cuando se multiplican los usos puede crecer también el consumo total. Una versión digital de comprar un coche que gasta menos y acabar haciendo el triple de kilómetros.
¿Eso hará que pagues más en tu factura de la luz?
No existe una respuesta automática. Un centro de datos puede contratar electricidad, financiar nueva generación renovable o adaptarse a las horas en las que hay más oferta. También puede exigir inversiones en redes y capacidad que alguien tendrá que costear. El efecto sobre el recibo depende de cómo se planifique y reparta ese gasto, no simplemente de que aparezca un edificio nuevo.
De hecho, el propio Ministerio para la Transición Ecológica ha advertido de que una demanda adicional sin renovables suficientes podría aumentar el uso de gas y los costes del sistema. Esa es una de las razones que da para exigir nuevas instalaciones renovables vinculadas a los grandes centros.
La otra factura es el agua
Los servidores generan calor. Algunas instalaciones utilizan agua en sus sistemas de refrigeración; otras emplean tecnologías que reducen mucho ese consumo directo, aunque pueden necesitar más electricidad. También existe agua asociada a la generación de energía. Por eso no hay una cifra universal de litros gastados por cada consulta de IA que sirva para todos los modelos, lugares y momentos.
El reportaje del 25 de octubre recoge la preocupación por el agua en territorios expuestos a sequías. El consumo de una instalación no puede extrapolarse a todas: depende de su tamaño, tecnología y fuente de suministro.
¿Qué ocurre si un municipio también necesita esa agua?
Imagina una comarca con agricultura, viviendas y un proyecto industrial que solicita nuevos recursos. La discusión razonable debería empezar por datos verificables: cuánto agua captará, de dónde saldrá, qué parte se devolverá, qué calidad tendrá y cómo afectará a otros usos. La transparencia local importa más que una cifra espectacular sin contexto.
Una empresa puede comprometerse a usar agua regenerada o refrigeración eficiente. Conviene comprobarlo después. Incluso una instalación con bajo consumo directo de agua puede tener impactos asociados a la generación eléctrica.
El Gobierno propone exigir un 80 % de renovables nuevas
En agosto, el Gobierno sometió a consulta un proyecto de real decreto para los centros de datos. Entre sus medidas figura que las grandes instalaciones respalden, hora a hora, al menos el 80 % de su consumo eléctrico con nueva generación renovable. También plantea requisitos de eficiencia energética, uso del agua y control de los datos de operación dentro de la Unión Europea.
La precisión es importante: en la documentación contrastada, hablamos de una propuesta normativa, no de una obligación que ya podamos dar por aprobada y aplicada. El texto prevé requisitos especialmente para instalaciones de más de un megavatio, mientras que otras obligaciones de información alcanzan umbrales inferiores.
¿Por qué la CNMC ha pedido cambios?
La CNMC planteó en octubre flexibilizar varios aspectos del borrador. Entre sus argumentos está que una obligación rígida de contratar nueva generación renovable podría resultar poco eficiente en horas con excedentes de energía limpia. También pide revisar plazos y determinadas condiciones técnicas. Su informe no equivale a una derogación ni a una aprobación definitiva.
La discusión enfrenta objetivos que pueden ser compatibles, pero requieren decisiones concretas: atraer inversiones, no trasladar costes innecesarios a los consumidores y proteger el agua y el territorio. El sector reclama reglas previsibles; los reguladores deben decidir qué exigencias son proporcionadas. El vecino que paga impuestos y facturas también merece un asiento, aunque no lleve una presentación con gráficos de crecimiento.
¿Y qué tiene que ver todo esto con tus datos personales?
El proyecto también introduce condiciones de soberanía digital: propone que la operación de determinados centros esté en manos de entidades sujetas al derecho de la UE y que los datos relacionados con su funcionamiento permanezcan en territorio comunitario. Eso no significa que todos tus datos personales vayan a quedarse automáticamente en España ni que desaparezcan las transferencias internacionales.
Ya analizamos la importancia de estas dependencias en el debate británico sobre la IA soberana. Controlar un edificio y sus servidores puede mejorar la capacidad de respuesta de un país, pero no garantiza por sí solo autonomía si el software, los chips o la administración siguen dependiendo de otros proveedores.
Como vimos en ZyMix y sus proveedores tecnológicos, conocer dónde está el servidor sirve de poco si ignoramos quién accede a los datos y para qué.
Qué puedes comprobar si anuncian un centro de datos cerca de ti
Si tu ayuntamiento o comunidad autónoma anuncia uno de estos proyectos, empieza por consultar el expediente ambiental y urbanístico publicado por la administración competente. Busca las previsiones de consumo de agua y electricidad, la procedencia de los suministros, los empleos previstos y las medidas para controlar ruido y calor. Un titular sobre millones de inversión no sustituye a esos documentos.
Comprueba también si el proyecto está anunciado, autorizado, en construcción o funcionando. Son fases diferentes. Pregunta si habrá información periódica sobre consumo efectivo y qué administración vigilará los compromisos. Cuando se abra un trámite de participación pública, las alegaciones deberían centrarse en impactos concretos y documentación contrastable.
Y si alguien promete que la instalación hará independiente a España de las grandes tecnológicas, recuerda nuestra entrada sobre los controles chinos a la exportación de tecnología de IA. Disponer de edificios no equivale a fabricar los chips ni a poseer los modelos que funcionan dentro. La autonomía tiene más piezas que un terreno con fibra óptica.
La nube también tiene suelo, tuberías y vecinos
España puede beneficiarse de alojar más infraestructura digital. Hay inversión, conocimiento técnico y oportunidades para empresas y servicios públicos. También hay decisiones sobre energía, agua y planificación que no deberían tomarse con la misma ligereza con la que aceptamos las condiciones de una aplicación.
Durante años nos vendieron la nube como un lugar casi mágico donde todo cabía. Ahora empiezan a aparecer sus direcciones postales, sus contratos eléctricos y sus solicitudes de agua. Resulta que la inteligencia artificial vive en edificios bastante corrientes. Y alguien tiene que pagar las tuberías.