Tu teléfono sabe dónde dormiste anoche, con quién hablaste antes de acostarte y qué fotografías decidiste guardar. También conserva búsquedas, conversaciones, contactos y, dependiendo de cómo lo utilices, información sobre tu salud, tus compras o tus desplazamientos. Todo eso cabe en un aparato que probablemente tienes ahora mismo a menos de un metro.
Una investigación publicada el 3 de noviembre de 2026 revela hasta qué punto las autoridades europeas están invirtiendo en tecnología para acceder a esa información. La organización Statewatch ha identificado 154 contratos públicos relacionados con herramientas de Cellebrite, por un valor conjunto de 69,4 millones de euros, en países de la Unión Europea, Reino Unido y Noruega.
En Sal de la Matrix hemos hablado de programas espía y sistemas de vigilancia. Esta historia tiene una particularidad: no comienza con un ataque informático clandestino, sino con contratos, presupuestos públicos y herramientas comerciales utilizadas por organismos encargados de investigar delitos.
Qué es Cellebrite y por qué interesa a las policías europeas
Cellebrite es una empresa israelí especializada en tecnología forense digital. Sus productos permiten a investigadores acceder, extraer y analizar información almacenada en teléfonos móviles y otros dispositivos. La compañía trabaja con organismos policiales de numerosos países y presenta sus herramientas como una ayuda para obtener pruebas digitales.
La diferencia entre consultar un teléfono y realizar una extracción forense puede ser enorme. Una herramienta especializada puede organizar mensajes, fotografías, archivos, registros de aplicaciones y datos de ubicación para facilitar su análisis. La información que consigue recuperar depende del dispositivo, su sistema operativo, las protecciones activadas y las capacidades de la herramienta.
Eso significa que Cellebrite no dispone de una llave universal capaz de abrir cualquier teléfono del planeta. Algunas configuraciones presentan barreras técnicas importantes y las posibilidades de acceso cambian con las actualizaciones de seguridad. Pero sus productos pueden ofrecer capacidades muy superiores a las de una persona que simplemente intenta adivinar un código de desbloqueo.
Los 69,4 millones que ha encontrado Statewatch
La investigación de Statewatch, publicada el 3 de noviembre, reconstruye contratos públicos activos entre enero de 2023 y julio de 2026. Sus periodistas localizaron 114 contratos en 17 países de la UE, otros 39 en Reino Unido y uno en Noruega.
El valor conjunto asciende a 69,4 millones de euros. La organización advierte de que la cifra puede ser inferior al gasto real, porque algunos organismos no publican todos los contratos o se niegan a revelar determinados importes por razones de seguridad y confidencialidad.
El Reino Unido aparece como el principal comprador identificado en la investigación. Uno de los contratos más importantes corresponde a la Policía Metropolitana de Londres, que firmó en 2023 un acuerdo de tres años valorado en 7,9 millones de libras para herramientas relacionadas con el desbloqueo y análisis forense digital.
La Unión Europea también aporta financiación
Statewatch ha identificado 4,25 millones de euros de financiación europea destinados a adquisiciones relacionadas con Cellebrite durante el periodo investigado. Entre los países beneficiarios aparecen Italia, Francia y Rumanía, a través de distintos programas comunitarios.
La Comisión Europea respondió a los investigadores que corresponde a las autoridades nacionales garantizar que estas herramientas se utilizan conforme a la legislación y los derechos fundamentales. También rechazó expresamente cualquier acceso ilegal a los datos de ciudadanos, periodistas u opositores políticos.
La respuesta establece una posición institucional, pero deja una pregunta práctica: ¿cómo puede comprobar la ciudadanía que esas garantías se cumplen cuando parte de los contratos y procedimientos permanecen fuera del escrutinio público?
Qué información puede extraer una herramienta forense de tu móvil
Los productos de Cellebrite permiten trabajar con distintas categorías de información digital. Según el dispositivo y las condiciones técnicas, pueden recuperar fotografías, conversaciones, registros de aplicaciones, contactos, documentos y datos relacionados con ubicaciones. Después, el software organiza esa información para que los investigadores puedan consultarla.
La utilidad policial resulta evidente en determinadas investigaciones. Un teléfono puede contener pruebas relacionadas con una desaparición, una red de explotación sexual, un fraude organizado o un delito violento. Obtener y analizar esos datos puede ayudar a reconstruir acontecimientos y contrastar declaraciones.
Pero la capacidad técnica para acceder a información no equivale a tener derecho a consultarla indiscriminadamente. El móvil de una persona investigada también puede contener conversaciones privadas de familiares, fotografías de terceros y datos completamente ajenos al procedimiento.
Un dispositivo puede revelar mucho más que una conversación
Imagina que una investigación necesita comprobar un mensaje concreto. Una extracción amplia podría obtener también años de fotografías, contactos profesionales, registros de desplazamientos y conversaciones personales. El riesgo aparece cuando se recopila mucha más información de la necesaria y después resulta difícil controlar quién accede a ella.
El problema se parece al que analizamos en nuestro artículo sobre las cámaras de Flock Safety que registran matrículas. Una información aislada puede parecer poco relevante, pero muchas piezas relacionadas permiten reconstruir aspectos muy íntimos de la vida de una persona.
Cellebrite no funciona como Pegasus
Conviene distinguir las herramientas de extracción forense de los programas espía que pueden infectar dispositivos a distancia. Los sistemas de Cellebrite descritos en la investigación se utilizan normalmente cuando las autoridades tienen acceso físico al teléfono. No funcionan necesariamente como un software que entra silenciosamente desde cualquier lugar del mundo.
Statewatch explica que productos como UFED pueden aprovechar vulnerabilidades y otras técnicas para superar determinadas protecciones. Las posibilidades concretas dependen de cada dispositivo. La existencia de esas herramientas no significa que cualquier agente pueda leer remotamente todos los móviles europeos.
La distinción importa porque el debate sobre vigilancia suele mezclar tecnologías diferentes. En nuestro artículo sobre AdFection y los anuncios utilizados para distribuir programas espía analizamos un mecanismo distinto: ataques que pueden comenzar mientras la víctima navega por Internet.
El antecedente de los periodistas y activistas vigilados
La investigación recuerda casos anteriores en los que herramientas de Cellebrite fueron utilizadas contra periodistas y activistas. Uno de los ejemplos documentados procede de Jordania, donde investigadores de Citizen Lab identificaron el uso de tecnología forense sobre teléfonos confiscados a integrantes de la sociedad civil.
También recoge el caso de periodistas de Reuters encarcelados en Myanmar, en cuyo proceso aparecieron pruebas obtenidas mediante herramientas de extracción de teléfonos. Estos antecedentes muestran que una tecnología destinada a investigar delitos puede utilizarse en contextos donde la libertad de expresión y las garantías judiciales están comprometidas.
Eso no demuestra que todas las policías europeas empleen Cellebrite de forma abusiva. La investigación plantea un riesgo apoyándose en antecedentes concretos y en la dificultad de supervisar determinados usos. Confundir ambas afirmaciones perjudicaría precisamente el debate que merece la pena mantener.
El problema europeo: comprar tecnología resulta más fácil que explicar cómo se utiliza
Una parte importante del trabajo de Statewatch consistió en solicitar información a organismos públicos. Algunos facilitaron documentación; otros limitaron sus respuestas alegando motivos de seguridad, confidencialidad o protección de secretos comerciales.
El Servicio Europeo de Acción Exterior se negó a facilitar incluso determinados datos identificativos de documentos relacionados con Cellebrite. Argumentó que revelar esa información podría comprometer sus capacidades de análisis forense y facilitar que actores hostiles eludieran sus herramientas.
Statewatch presentó una reclamación ante la Defensora del Pueblo Europeo. Según la investigación, el organismo abrió una investigación en octubre de 2026. La controversia no demuestra un uso ilegal de las herramientas, pero sí pone de manifiesto un conflicto entre transparencia pública y secreto operativo.
¿Qué ocurre en España?
La investigación abarca numerosos países europeos, pero la documentación examinada para esta noticia no permite identificar con seguridad contratos concretos de cuerpos policiales españoles dentro de las cifras publicadas. Por eso sería incorrecto afirmar que España ha gastado una cantidad determinada en Cellebrite basándose únicamente en este reportaje.
Lo que sí afecta directamente a los españoles es el debate jurídico. El acceso policial a datos almacenados en dispositivos debe respetar las garantías aplicables, incluida la protección de la intimidad, el secreto de las comunicaciones cuando corresponda y los requisitos establecidos para las investigaciones penales.
La legislación española contempla medidas de investigación tecnológica y exige controles específicos para acceder a determinados contenidos digitales. La autorización judicial y su alcance son cuestiones esenciales, aunque las reglas concretas dependen de la actuación investigadora y de las circunstancias del caso.
La vigilancia digital también depende de empresas privadas
La investigación de Statewatch recuerda que muchas capacidades tecnológicas utilizadas por los Estados proceden de compañías privadas. Estas empresas desarrollan herramientas, venden licencias, proporcionan actualizaciones y ofrecen servicios de análisis a organismos públicos.
El fenómeno también aparece en el ámbito de la inteligencia artificial. En nuestro artículo sobre Palantir y su relación con organismos de inteligencia explicamos cómo las administraciones recurren a proveedores especializados para conectar información y facilitar investigaciones.
La cuestión no consiste únicamente en decidir si una herramienta funciona. También importa conocer quién la desarrolla, qué vulnerabilidades aprovecha, quién recibe mantenimiento técnico y qué mecanismos existen para investigar posibles usos indebidos.
Qué puedes hacer para proteger la información de tu teléfono
La primera medida es mantener actualizado el sistema operativo. Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades y pueden dificultar determinadas técnicas de acceso. Utiliza un código de desbloqueo robusto y revisa qué información guardas en aplicaciones, copias de seguridad y servicios en la nube.
También conviene activar las funciones de seguridad que ofrece el fabricante y evitar instalar aplicaciones procedentes de fuentes desconocidas. Estas precauciones reducen riesgos habituales, aunque ninguna configuración garantiza que un dispositivo sea imposible de analizar mediante técnicas forenses.
Si una autoridad solicita acceder a tu teléfono durante una investigación, las obligaciones y derechos concretos dependen del procedimiento. Ante una situación real, resulta más útil pedir asesoramiento jurídico que seguir consejos virales sobre supuestos trucos infalibles para impedir cualquier acceso.
La pregunta que dejan los contratos europeos
Statewatch ha identificado casi setenta millones de euros en contratos relacionados con tecnología para extraer datos de dispositivos. La cifra describe compras públicas documentadas, no millones de teléfonos intervenidos ni un sistema europeo de acceso automático a todos los móviles.
La diferencia es importante. También lo es que una herramienta pueda servir para esclarecer delitos y, al mismo tiempo, plantear riesgos graves cuando se utiliza sin controles suficientes.
Hay una ironía difícil de ignorar: llevamos años aprendiendo a proteger nuestro teléfono de delincuentes que quieren acceder a sus datos. Mientras tanto, los gobiernos compran herramientas profesionales para hacer precisamente eso cuando consideran que una investigación lo justifica. La diferencia debería estar en la ley, las garantías y la supervisión. Y esas tres cosas no se pueden comprobar mirando únicamente una factura.
